En Ocasiones Veo Reos PRUEBA

La STS 5293/2016, de 2-XII , ponente Excmo. Alberto Gumersindo Jorge Barreiro, confirma una sentencia de la Audiencia de Zaragoza que condenó a un sujeto, profesor de colegio, que colocaba cámaras en los retretes para grabar a la gente “haciendo sus cosas”. Es descubierto cuando la secretaria va a hacer lo suyo y ve la cámara, borrando un vídeo suyo anterior y llamando a la Policía. La Policía practica un registro domiciliario y entre un USB que llevaba encima el sujeto y lo que se encuentran en el ordenador, hay hasta 22 archivos con tan “original” contenido. Se le condena por la Audiencia a dos años de prisión, multa de 15 meses a 6 € (si 6 € se le imponen a un profesor, habrá que ver cuándo se eleva de esa cantidad) e inhabilitación para profesiones relacionadas con menores. El recurso se vertebra en tres motivos: 1) Que los hechos no constituyen delito del art. 201. 2 Cp, 2) Indebida imposición de la inhabilitación para profesiones relacionadas con el contacto con ...

La Instrucción 3/2016 no fue subida al blog dado que se refería a cuestiones de fiscales sustitutos y que carecía de conclusiones y no era cuestión de hacer un copia-pega de 19 folios o extractar algo que, al menos para mí, carecía de toda relevancia. En cuanto a la 4/2016, pego las conclusiones: “ 1ª Es objeto de la presente Instrucción la regulación de la figura de los Fiscales Delegados de la especialidad civil y de protección jurídica de las personas con discapacidad de las CCAA. Su creación debe inspirarse en el principio de flexibilidad derivado de las potestades autoorganizativas del Ministerio Fiscal y su actuación debe estar orientada al apoyo a los Fiscales especialistas. 2ª Debe nombrarse, si aún no se ha hecho, Delegado en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales. Puede ser designado un Delegado en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, si se estima necesario o conveniente para suministrar apoyo a los Fiscales especialistas, particularmente, atendiendo al “volu...

La reciente STS 5244/2016, de 30-XI , ponente Excmo. Francisco Monterde Ferrer, la misma del post del martes, anula en este punto la decisión de la Audiencia de Málaga en lo relativo a la petición de decomiso de unos fondos bancarios congelados en instrucción. Dice el FJ 16º (f. 18-19): “ DECIMOSEXTO.- El cuarto motivo se articula por infracción de ley, al amparo del art 849.1 LECr, por infracción del art. 127 CP. 1. La recurrente recuerda que tanto esa acusación como la del Sr. Torcuato   interesaron -al calificar alternativamente los hechos como delitos de apropiación indebida en el acto del Juicio Oral- que, como consecuencia accesoria, se procediera al comiso de las cuentas bancarias de la sociedad UFB ROYAL AG, bloqueadas por orden judicial en la entidad Cajamar, y ello a fin de hacer frente a las responsabilidades civiles del penado, por entender que dichas sumas eran ganancias obtenidas por la comisión de delitos, circunstancia prevista en el art. 127 CP. Y que solicit...

La reciente STS 5244/2016, de 30-XI , ponente Excmo. Francisco Monterde Ferrer, confirma la decisión de la Audiencia de Málaga en lo relativo a la pretendida aportación de unos correos electrónicos enviados 11 años atrás en el momento del acto del juicio. Dice el FJ 7º (f. 10-11): “ SÉPTIMO.- El séptimo motivo se funda, al amparo del art 850.1 de la LECr., en   quebrantamiento de forma, por haberse denegado la diligencia de prueba documental presentada al inicio de las sesiones del juicio oral, en aplicación del art. 785.1 y consistente en los correos electrónicos de Luis, presidente de la entidad UFB ROYAL, dirigidos al Sr Javier. 1. Se sostiene que el tribunal de instancia rechazó la prueba alegando, que la documentación no gozaba de las condiciones necesarias para garantizar su autenticidad, y que es evidente que dicha decisión fue arbitraria e irrazonable, adelantando el juicio sobre la valoración de la prueba, pues su autenticidad pudo quedar acreditada mediante otras p...

La sentencia 710/2016 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 30ª, de 13-X , ratifica el acuerdo entre la Fiscalía, Abogacía del Estado y las defensas, por el que se retira acusación frente a dos personas físicas, y se condena a una persona física y otra jurídica, por un delito fiscal agravado por razón de la cuantía por el IVA de 2012. Dos días antes del juicio los dos finalmente acusados ingresan la friolera de casi 4’9 millones de euros. La Fiscalía rebaja la pena para la persona física a 6 meses de prisión, aplicando la atenuante de reparación del daño como muy cualificada, mientras que la Abogacía del Estado, tal vez por hacer la gracia y poner en riesgo acuerdos por motivos ininteligibles, pide un año de prisión (fuese a 6 meses o a 1 año, con la responsabilidad civil abonada no iba a ingresar en prisión el encausado de ninguna de las maneras). La gracia obligó a celebrar prueba, imponiendo finalmente la Audiencia la pena interesada por la Fiscalía. Y es que va siendo...

La reciente STS 5253/2016, de 30-XI , ponente Excmo. Juan Saavedra Ruiz, trata esta interesante cuestión, sobre si son aplicables cumulativamente o no ambas circunstancias que limitan el control de la capacidad intelectual o la volitiva. FJ 2º: “ SEGUNDO.-1. El siguiente y último motivo ex artículo 849.1 LECrim . denuncia la falta de aplicación de la atenuante analógica de drogadicción del artículo 21.7 en relación con los artículos 21.2 y 20.2 CP . El desarrollo del motivo, con cita de nuestra propia jurisprudencia en relación con el sentido y los requisitos de las atenuantes por analogía, insiste en el error de derecho de la sentencia de la Sala de apelación que desconoce los hechos probados de la sentencia del Jurado cuando afirma que el recurrente "tenía mermada de forma leve su capacidad intelectiva y volitiva por causa del consumo de drogas, y eso necesariamente debía tener reflejo en la calificación jurídica de los hechos". 2. Vamos a partir de dos precisiones ju...

La reciente STS 5251/2016, de 30-XI , ponente Excmo. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, trata muchas cuestiones perfectamente aplicables tanto a violencia de género como a la familiar. Aunque no es de violencia de género, me ha recordado mucho a un asunto que tuve en mi primer destino, en el que “un simpático” que se dedicaba a mandar cartas en nombre de ETA a empresarios para cobrarles un supuesto impuesto revolucionario, acabó en prisión provisional (perdiendo ahí profesionalmente de vista la causa) y enterándome tiempo después de que el TS acabó condenando por delito continuado de amenazas a 3 años de prisión. Dice el FJ 5º al final (f. 17): “ 3º En efecto en relación a las amenazas y las coacciones doctrinalmente ha sido tradicional acoger como criterio entre las amenazas y coacciones, el temporal, de tal modo que para entender que el delito es de amenazas es preciso que exista un aplazamiento temporal del mal augurado, mientras que en las coacciones el mal se presenta com...