En Ocasiones Veo Reos PRUEBA

Hace dos días, una abogada de Barcelona con la que tengo contacto por redes sociales, me pasaba el enlace de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE, preguntándose por qué los Fiscales no planteamos cuestión prejudicial comunitaria, dado que el delito fiscal en España exige que la cuota defraudada sea de 120.000 €, pero si lo evadido son fondos UE, a fin de cuentas surtidos con fondos nuestros, es de 50.000 € (305. 1 y 3 Cp). La sentencia en cuestión es ESTA , de la Gran Sala de 8-IX-2015. Pero, con permiso de mi estimada cedente de la noticia, voy a ir mucho más allá. El tribunal italiano se cuestiona que la “prescripción” pueda ser tan corta, aunque está definiendo, en realidad, una caducidad del procedimiento, como nuestro 324 LECRIM. En Italia tienen un plazo limitado para instruir y enjuiciar conjunto, que viene a equivaler a nuestro plazo de X años para empezar actuaciones desde que se comete el delito e instruir, ahora y gracias al 324 LECRIM, en un límite muy...

Hace no mucho me compré el libro “ Delitos tecnológicos: definición, investigación y prueba en el proceso penal ”, de Eloy Velasco Núñez, Juez Central de Instrucción nº 6, y publicado por la Editorial Sepin. Lo cierto es que es un libro que está muy bien de cara al análisis de todo lo relativo a la prueba y los principales delitos tecnológicos. Sin embargo, en la pág. 15, me encuentro el siguiente párrafo: “ La sociedad se debe defender del delito, pero no a costa de poner a los agentes investigadores públicos –singularmente el Ministerio Fiscal o los Cuerpos Policiales- a la altura del transgresor, del delincuente mismo, permiténdole usar “atajos” o “trampas”, que, cosificando a los investigados, les priven de sus derechos fundamentales ”. El día que leí eso un gatito muy mono murió. Vaya, y yo que pensaba que eran los jueces de este país los que acuerdan las intervenciones telefónicas, incluso sin audiencia previa de la Fiscalía, a instancia policial e incluso, pocas veces, de oficio...

La Sentencia del Tribunal Constitucional 138/2016 , de 18-VII, es un buen botón de muestra de lo que está pasando en este país en lo que a la instrucción se refiere. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, ha habido una cierta polémica entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que mantenían criterios distintos respecto a la prescripción del delito y que el legislador acabó zanjando siguiendo el criterio del TC, tal y como debía ser, al reformarse el Código penal con la LO 5/2010. En síntesis, el Tribunal Supremo venía a decir que la presentación de la denuncia o querella interrumpía la prescripción del delito, mientras que el Constitucional decía que eso era una quiebra del derecho de defensa, puesto que si no se daba conocimiento al investigado de la existencia de un procedimiento contra él, podía perder bazas de prueba (p. ej.: eliminar documentos, libros contables, etc., que pudieran ser de interés, ahora podría ser por ejemplo pedir datos a operadoras de telefonía...

Allá por 2014 escribí sobre la magnífica experiencia que supuso dar una clase en el IE Law School de Madrid, sobre cohecho y tráfico de influencias. Lo importante, al menos para mí, fue el volumen de preguntas que lanzaron los alumnos, que supusieron aproximadamente la mitad de la clase. Un economista que era parte del alumnado me vino a decir que eso del “daño reputacional” era un cuento para asustar a viejas. Era un enfrentamiento en toda regla, el que cuantifica y nunca sale de lo objetivable contra quien cree en las repercusiones de cuanto hacemos, sea para bien o para mal. No en vano, Máximo Décimo Meridio, Gladiator , le dice a sus soldados antes de hacer picadillo a los germanos que “lo que hacéis en esta vida tiene eco en la eternidad”. Dejando ejemplos de películas al margen, vamos a examinar algunos casos prácticos en los que una conducta bien delictiva, bien próxima a lo delictivo, o bien no éticamente aceptable, ha causado efectos tal vez no cuantificables en todos los supu...

Hace no demasiado, aunque soy incapaz ahora mismo de encontrar el post, comentaba que había preparado un recurso de casación en un asunto de tráfico de drogas, y que la Fiscalía del TS decidió sostener. Uno de los puntos clave es que se pidió en su momento la declaración de una mujer como testigo, en causa con preso, no compareciendo el primer día y obligando a suspender el juicio (consecuentemente pasando una semana más en prisión el encausado). Citada por segunda vez persistió en no acudir al juicio. Pedí la deducción de testimonio contra ella por el correspondiente delito contra la Administración de Justicia en ambas ocasiones y, en la segunda, pedí expresamente que se la trajese detenida. Mi sorpresa fue mayúscula cuando el tribunal se salió por la tangente diciendo que sólo se podía llevar detenidos a los testigos en fase de instrucción, porque el 420 LECRIM, que es el que lo autoriza, sólo está en la fase instructora de nuestra LECRIM. Evidentemente, no podía ser sino una mala e ...

(Estafa piramidal, que no es la del caso, según el SEC) Esta semana está siendo, para mí, una semana grande en lo referente a personas jurídicas. Si el lunes me notificaban un auto en el que vía, 544 quáter LECRIM se adoptaban medidas cautelares de persona jurídica y se embargaban 14 vehículos y 6 inmuebles, un día después remataba un escrito de acusación por nueve delitos fiscales con tres personas jurídicas acusadas, y este viernes tocan declaraciones en instrucción por blanqueo procedente de delitos de corrupción contra otras dos. En fin, que la gente puede seguir diciendo que es un cuento para asustar a viejas pero la realidad es que el derecho penal de la persona jurídica ha llegado para quedarse. La Audiencia Provincial de Valencia, Sección 4ª, ha dictado su SAP 24-V-2016 , que, como podrá observar el lector, absuelve a una persona jurídica acusada únicamente por la acusación particular de un delito de estafa. La sentencia no me parece una joya de la jurisprudencia, citando otras...

En el blog de Michael Volkov, se ha publicado un post con la ratificación en segunda instancia de una condena a un compliance officer de una empresa alimenticia por el brote de salmonela que en 2010 afectó a unas 56.000 personas. Enlace al artículo (en inglés) AQUÍ . Enlace a la sentencia de la segunda instancia AQUÍ . Hay una serie de preguntas habituales en todo curso o seminario de compliance en nuestro país, y no es otra que si puede haber responsabilidad penal del compliance officer. La Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, en el apartado 5. 4 (f. 49 y ss, considera que cabe dicha responsabilidad penal (correctamente en mi opinión): “ Es preciso realizar, por último, una referencia a la posición del oficial de cumplimiento en relación con su responsabilidad penal y la de la persona jurídica. Por un lado, el oficial de cumplimiento puede con su actuación delictiva transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica a través de la letra a) puesto que, como se ha d...

La STS 3700/2016, de 20-VII , ponente Excmo. Alberto Jorge Barreiro, confirma la condena impuesta por la Audiencia de Orense, por la defraudación del impuesto de sociedades e IVA de una empresa constructora, previa confección de facturación falsa. Una cuestión que me llama poderosamente la atención, es que la Audiencia condenó por un concurso de delitos (concurso ideal: se comete el del IVA para defraudar sociedades), quedando la cosa, gracias a las omnipresentes dilaciones indebidas, en un año y medio de prisión por haber defraudado más de 600.000 €; vamos, la misma pena que la de “el Jonatan” que se lleva el radio CD de un coche en lo peor del “mono”. La pena es que 3 delitos (2 fiscales más la falsedad en documento mercantil) se castiguen en este caso como uno en la práctica. Para los concursos de delitos entre UNO fiscal y el de falsedad en documento mercantil recomiendo releer ESTE POST , ESTE OTRO (los dos en materia de “factureros”) y ESTE OTRO sobre facturas falsas para defra...

  (Biblioteca de la Real Academia Española) La STS 3900/2016, de 26-VII , ponente Excmo. Julián Artemio Sánchez Melgar, da por bueno que la Audiencia de Barcelona rechazase una pericial elaborada en un laboratorio alemán sobre la pureza de la droga incautada. Las razones que llevaron a la Audiencia a rechazar dicha pericial se encuentran al final del FJ 3º: “ Ello quiere decir que las razones por las cuales no se toma en consideración tal peritaje, son las siguientes: 1. No consta la forma de conservación de la muestra y el modo y condiciones de su transporte hasta el laboratorio especializado en Alemania. 2. No consta la cadena de custodia de la muestra remitida a Alemania. 3. No se propuso la declaración en el acto del juicio de los especialistas que realizaron el contraanálisis. 4. Solo se realiza por el laboratorio especializado de Alemania una única prueba o analítica, sin realizarse una segunda prueba ante la diferencia del resultado con el Instituto Nacional de Toxicología. ...