En Ocasiones Veo Reos PRUEBA

La reciente STS 2670/2017, de 4-VII , ponente Excmo. Manuel Marchena Gómez, confirma la previa sentencia de la Audiencia de Almería, que condenó a un sujeto por un delito de corrupción de menores y otro de abusos sexuales continuados a una niña de 7 años, hija de la pareja, a la pena de 19 años y medio de prisión. Lo relevante de esta sentencia, a mi juicio, es que consolida la línea jurisprudencial consistente en que si una prueba ilícita en cuanto a que vulnera derechos fundamentales ha sido obtenida por un particular, puede servir de prueba de cargo. Esto sirve desde supuestos como el de la lista Falciani, que el TS ha dado por buena (un empleado que se lleva la lista de defraudadores fiscales que está amparando su empresa), a casos como uno que tuve no hace mucho: una persona sale de la ducha de un gimnasio y acaba descubriendo una cámara que la ha grabado, accediendo a su contenido sin autorización judicial. En el caso que nos ocupa, el delincuente se deja la cáma...

La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 417/2017 , de fecha 15-VI-2017, Sección 4ª, refrenda un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa y Abogacía del Estado, por haberse cometido en el seno de una empresa de recambios 6 delitos fiscales (3 del IVA 2011-2013 y 3 del impuesto de sociedades 2011-2013), siendo dos de ellos agravados por razón de la cuantía. Se da la circunstancia de que la empresa ingresó toda la cuota debida por todos los impuestos impagados, obteniendo así la atenuante de reparación del daño como muy cualificada para el administrador y para la persona jurídica (31 quáter Cp). El administrador se queda con una pena de 2 años de prisión, una multa de algo más de millón y medio de euros y las prohibiciones para obtener beneficios e incentivos fiscales y de Seguridad Social. La empresa, por su parte, se lleva de regalo algo más de 520.000 € de multa y las prohibiciones para obtener beneficios e incentivos fiscales y de Seguridad Social. ...

La reciente STS 3565/2017, de 5-X , ponente Excmo. Luciano Varela Castro, revoca una sentencia dictada por la Audiencia de León, absolviendo a los dos acusados que, en síntesis, se decía que habían traído a un transexual de Brasil bajo el engaño de trabajar en el sector hostelero cuando nada más llegar a León, le quitan el pasaporte y le obligan a ejercer la prostitución masculina, quedándose su dinero. Esta es de esas sentencias que se tendrían que enseñar en las carreras de Derecho, porque nos muestran lo mejor y lo peor del procedimiento penal. Los dos acusados han estado en prisión provisional desde enero de 2016 y nos encontramos con que ha tenido que ser la segunda instancia la que les absolviese. No puedo saber cuál de las dos instancias ha dictado la sentencia correcta. Es posible que el transexual explotado dijese la verdad y que se haya absuelto a dos demonios, o puede que todo fuese inventado o bastante exagerado. Esa es la esencia de la presunción de inocen...

Agradezco a mi compañero Juan que me haya hecho llegar la muy reciente STS 3544/2017, de 11-X , ponente Excmo. Manuel Marchena Gómez. Realmente esta sentencia sólo es interesante en el sentido de que se pronuncia sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero es reiterativa respecto a otras, singularmente la segunda (29-II-2016), tercera (16-III-2016 del mismo ponente) y décima (19-VI-2017). El Juzgado de Instrucción nº 7 de Barcelona, el mismo que ahora persigue la actuación de policías nacionales y guardias civiles por el 1-O, instruye un procedimiento contra un geriátrico, su administrador y la empresa, por causar graves ruidos que afectan a la salud de los vecinos. La Audiencia de Barcelona absolvió por el delito, en mi opinión siendo lo más relevante lo siguiente (al final del f. 2): “ De las pruebas practicadas resulta que el acusado sí fue adoptando medidas correctoras a medida que iba teniendo conocimiento del resultado lesivo causado por su actividad empresa...

La STS 2833/2017, de 11-VII , ponente Excmo. Perfecto Andrés Ibáñez, confirma una sentencia de la Audiencia Nacional concretamente recaída en el procedimiento por delito concursal (260 Cp) del Grupo Marsans. En el procedimiento ante la AN las defensas eran acusadas por la Fiscalía y, al menos, tres acusaciones particulares. Comienza el acto de la vista y se cierra acuerdo por conformidad acusaciones-defensas pero sobre el escrito de acusación de la Fiscalía . Es el uso habitual para que el Tribunal, al redactar los hechos probados, no se invente nada, sino que parta del rigor de unos concretos hechos probados y una consonante calificación jurídica. De ahí que, como en este caso, las acusaciones particulares deban asegurarse de que se consigna en acta aquellos extremos en los que haya divergencia. Por ejemplo, en el asunto que nos ocupa, la Fiscalía exigía responsabilidad civil para varias empresas pero la cadena Meliá, AC Hoteles y Pulmantur a priori pedían también otr...