En Ocasiones Veo Reos PRUEBA

La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al pasar por el escrutinio del proceso penal, está sometida a un doble examen: si las diligencias practicadas están viciadas o no de algún tipo de nulidad y si acaban convenciendo al órgano judicial. Y aquí nos es indiferente que hablemos concretamente de una investigación por tráfico de drogas, porque se ha visto a un sujeto escalando e intentando colarse en una vivienda ajena, o un vehículo al que se sigue al observar una infracción de tráfico que puede estar causada por una ingesta abusiva de alcohol, la recogida de un casquillo abandonado, el análisis de un vestigio de ADN, etc. Centrándonos en el primer aspecto, la nulidad de las actuaciones y concretamente la supuesta presunción de nulidad que algunos abogados intentan hacer valer en el plenario en el legítimo interés de sus clientes, considero que es necesario hacer un breve examen de una magnífica y reciente STS 1385/2018, de 11-IV , ponente Excmo. Antonio de...

 (Demóstenes ejercitando la retórica, de Lecomte) Como bien saben los lectores, una de las clásicas colisiones de derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución parte de la tangencialidad habitual entre el derecho al honor y propia imagen y el de la libertad de prensa. La STS 1630/2018, de 25-IV , ponente Excmo. Antonio del Moral García, confirma un auto de la Audiencia de Barcelona, que acuerda el sobreseimiento libre en un asunto en el que la empresa Grifols, poderosa farmacéutica, se encontró con ciertas perlas en una información del medio periodístico “El Economista”. Los hechos probados: “ Los hechos objeto de querella se referían a la aparición en la edición de "El Economista" de fecha 20 de julio de 2015 de un reportaje cuyo titular viene anunciado en portada en los siguientes términos: " GRIFOLS "compra" a 5.339 médicos en EEUU para promover sus productos . Hay pagos que ascienden a 45.000 euros. Grifols pagó entre agosto de ...

Este es un post que voy a disfrutar especialmente, dado que el abogado de la empresa condenada ha sido Fiscal General del Estado (además de Gobernador Civil y vocal del CGPJ) y, de haberse leído el blog de un leal súbdito de la casa, le hubiera ahorrado a su empresa dos milloncejos de euros. La reciente sentencia 49/2018 de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, de 12-II-2018 , modifica en parte una sentencia de un Juzgado de lo Penal de la misma ciudad. El Juzgado de lo Penal condenó por delito de contrabando a dos individuos a 4 años de prisión y a una empresa a multa de 8’42 millones de €. La Audiencia Provincial, con razonable criterio, FJ 5º párrafo 2º, considera que al haberse desarrollado los hechos durante un lapso de dos meses integra un delito de contrabando y no en su modalidad continuada. En definitiva, como en el delito fiscal o el tráfico de drogas (sobre todo en este último caso), estamos ante una operación no partida po...

La reciente sentencia 516/2017 dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 20-XII-2017 , ponente Ilma. Esther Nereida García Alfonso, nos trae una interesante píldora de derecho procesal de la persona jurídica. Se constituyen como acusaciones la Fiscalía y dos acusaciones particulares, con abogados diferenciados, pidiendo la condena de una señora y una empresa con forma mercantil (una sociedad limitada en este caso). La Audiencia condena a la señora pero absuelve a la empresa, con buen criterio, salvo que se hayan dejado de ver folios concretos de la causa, lo cual veo particularmente difícil. Señala la Audiencia en el FJ 4º (folios 14 y ss, extractando lo más importante): “ En este caso, nos encontramos con dos obstáculos de naturaleza procesal para admitir la solicitud de condena de la entidad mercantil CREDIBOX UNIVERSAL S.L.U., como responsable penal de los hechos enjuiciados. En primer lugar, durante la instrucción de la causa no se atribuyó ...

La reciente STS 1444/2018, de 17-IV , ponente Excmo. Andrés Palomo del Arco, desestima un recurso de casación directo contra una sentencia dictada en primera instancia por la Audiencia de Baleares, relativa a un procedimiento incoado por posterioridad al 6-XII-2015, fecha de entrada en vigor de la última reforma de la LECRIM, que afectó, entre otras cosas, a la segunda instancia penal. Lo curioso es que este asunto consiguió pasar el filtro de la admisión a trámite (no sé si porque no se dieron cuenta o para generar jurisprudencia). La Audiencia de Baleares condena a dos búlgaros por trata de seres humanos, habiéndose incoado la causa en enero de 2017 (es decir, bien entrada la reforma de la LECRIM). Podemos leer en los FJº 1º y 2º: “ El procedimiento fue iniciado por Auto de 12 de enero de 2017 en el que se incoaron las diligencias previas 77/17 del Juzgado de Instrucción nº 9 de Palma de Mallorca (folios 98 y 99), en virtud de denuncia de 7 de enero que dio lugar al...

La muy reciente STS 1492/2017, de 24-IV , ponente Excmo. Antonio del Moral García, estima el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia de Barcelona. Los hechos son muy sencillos: la policía autonómica de la CA de Cataluña detiene a un sujeto rumano que les presenta un documento de identidad falso y en el cacheo le encuentran 9 tarjetas de crédito. El sujeto ya había sido condenado, con lo que era reincidente, por delito de falsedad documental. El día anterior al juicio, el sujeto consigna 3.600 € para abonar una hipotética pena de multa (el 399 y 400 Cp contemplan solo pena de prisión), cuando a priori la atenuante de reparación del daño lo es solo para responsabilidades civiles de perjudicados individualizables (víctima de unas lesiones, de un delito medioambiental, de uno sexual, etc.), y no hipotéticas multas. La generosa Audiencia deja la pena en 6 meses de prisión. Por suerte, la Fiscalía recurre la aplicación de la aten...