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La reciente STS 2528/2017, de 21-VI , ponente Excmo. Juan Saavedra Ruiz, trata una cuestión procesal relativa a las personas jurídicas en un recurso de casación por fraude de subvenciones y en la que se confirma la previa sentencia de la Audiencia de Salamanca. Dicha cuestión se plantea de manera muy breve en el FJº 1º: “ 4. Se esgrimen a lo largo del recurso dos argumentos que debemos resolver también previamente. El primero se refiere a la vulneración del principio acusatorio por cuanto no se ha perseguido penalmente ex artículo 31 bis CP a la persona jurídica, hoy acusación particular, en quien concurre la cualidad de beneficiaria de las subvenciones, sosteniendo lo que podríamos denominar un impropio litisconsorcio pasivo necesario. Sin embargo ello carece de fundamento si tenemos en cuenta que la responsabilidad penal de la persona física (administrador o representante legal o persona que actúe individualmente o como integrante de un órgano de la persona jurídica) es autónom...

    La reciente STS 3493/2017, de 3-X , ponente Excmo. José Ramón Soriano Soriano, confirma una sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona. Se condena a un sujeto por un delito de blanqueo de capitales a la pena de 3 años de prisión y 18 millones de euros de multa, y por un delito fiscal en grado de tentativa a 9 meses menos un día de prisión y 350.000 € de multa. Asimismo, un grupo de personas jurídicas responden de manera directa y solidaria de la pena de multa. Muy en síntesis, los hechos consisten en que el condenado, entre sus distintas empresas, va moviendo dinero de unas a otras sin que tenga ningún tipo de razón financiera lógica, entre empresas radicadas en Gibraltar, Andorra, Suiza y nuestro país. Asimismo, en 2009 prepara declaraciones de IVA del ejercicio en curso “ r elativas a las referidas sociedades en las que declaraba realizar unas actividades y como resultado de esas actividades y a efecto de la declaración de IVA tener derecho a obtener unas devolucion...

Es recomendable leer: Sentencia de la Sala 4ª del Tribunal de Justicia de la UE de 5-IV-2017, texto AQUÍ . Son los casos acumulados de Massimo Orsi (C 217/15) y Luciano Baldetti (C 350/15) contra el estado italiano. Conclusiones del Abogado General de la UE. Texto AQUÍ . Estamos ante dos personas que dejan de pagar en torno a un millón de euros en concepto de IVA y son condenados penalmente. Asimismo, las personas jurídicas son sancionadas administrativamente. Es de reseñar, para quien no lo sepa, que en Italia las sanciones a personas jurídicas son administrativas y no penales como en España, porque su propia Constitución limita las penas a las personas físicas. De ahí que en Italia se las sienta juntas en el banquillo y al autor material del delito se le impone la pena y a la persona jurídica una sanción administrativa en unidad de procedimiento por el mismo órgano de enjuiciamiento. Debe recordarse también que la UE da libertad absoluta, dada la disparidad de ordena...

(Imagen de La Opinión de Tenerife, que no guarda relación con el caso) Rastreando sentencias y aplicando nuevos criterios de búsqueda, me encontré la Sentencia de la Audiencia de Cáceres 485/15, Sección 2ª, de 23-X-2015 , en la que se condena por conformidad a un individuo y a una empresa por delito medioambiental (extracción de áridos sin autorización junto al río Tiétar). Dicha sentencia la estaba buscando al haber oído a Rafael Ruiz Calatrava, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en Redondela, donde coincidimos. Con una frase que recordé, acabé llegando a la sentencia y, francamente, ojalá no lo hubiera hecho. En el escrito de acusación del Fiscal se solicitaba respecto a la persona jurídica una condena de 4 años de multa, con cuota de 15 € día (Antecedente 1º). Estos escritos se visan por un visador, usualmente un jefe o un delegado de la materia. Señala el art. 50. 4 Cp vigente desde 2010: “ 4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un ...

(Si no hay más accidentes es por la pura suerte) La reciente STS 3389/2017, de 28-IX , ponente Excma. Ana María Ferrer García, confirma una sentencia de la Audiencia de Zaragoza, entrando al examen de un delito no muy fácil de ver en la jurisprudencia del Alto Tribunal. En cuanto a los hechos probados, nos remitimos a lo que se lee en el FJº 1º: “ Los hechos arrancan de la contratación en una explotación agropecuaria de tres personas de nacionalidad marroquí para desempeñarse como pastores. Establecen su alojamiento en una paridera de ganado, si bien en la estimación probatoria de la Sala no fueron obligados a ello: consintieron. Los acusados no respetaban su descanso semanal. Tenían que trabajar todos los días salvo el periodo vacacional anual de 30 días. Esas condiciones les vinieron impuestas. Si se sometieron a ellas fue por razón de su condición de inmigrantes, desconocedores del idioma, carentes de recursos económicos y con un nivel cultural bajo. La necesidad de obtener el...